El sector turístico se rebela contra la imposición de Interior de mayor control a los viajeros. La norma quiere obligar a todos los intermediarios que intervienen en la contratación de servicios turísticos –hoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos– a compartir con la policía los nombres, edades, correos electrónicos, tarjetas de crédito, fechas de salida, domicilio y otros datos de sus clientes.
Durante toda la semana el sector turístico al completo se ha puesto en pie de guerra para oponerse a la medida anunciada por el Ministerio del Interior, que incluía el registro con mayor número de datos que el actual.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que el Real Decreto 933/2021 sobre obligaciones de registro documental de las reservas, que se ha prorrogado recientemente hasta el 2 de diciembre, pasó todos los informes «pertinentes» y no fue objeto de impugnación en su puesta en funcionamiento.
La oposición de las empresas del ramo, que está siendo unánime e inusitada, recientemente hizo que la entrada en vigor de la norma hizo que fuera pospuesta del 1 de octubre al 2 de diciembre. Ahora, según informaciones de última hora, podría haber un inicio de solución. Según La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Interior habría reculado y el criterio que se adoptará, por el momento, es el de no exigir a los sujetos obligados por dicha normativa ningún dato de los que constan en los Anexos de dicho Real Decreto que no se esté recabando ya en la actualidad.
